Caldera abordó irónicamente la "importante preocupación ciudadana por el robo de unos documentos al señor Arriola" y tuvo cuidado de puntualizar que el PSOE no pone en tela de juicio la decisión de Gobierno del incluir a Arriola en la delegación que negoció con la banda terrorista, concediendo credibilidad a la cofianza que había depositada en él.

Sin embargo, reprochó a Rajoy las declaraciones en las que decía recientemente que Arriola "no tiene nada que ver con el Gobierno", porque, "si participó en esa delegación, algo tendrá que ver, salvo que lo hiciera, como él ha declarado, como favor personal a Aznar".

Por todo ello, denunció la confusión entre intereses públicos y privados y exigió al vicepresidente que garantizase públicamente que "no ha habido ningún aprovechamiento privado de esa relación de cnfianza".

Rajoy argumentó que ésta es "una cuestión delicada" que sucedió hace tres años y sobre la que se tuvo informada a la sociedad española "y a su partido", por lo que le pidió "un ejercicio de responsabilidad".

El grupo de personas que habló con ETA "no era ninguna delegación de Estado, era, como en su día se dijo a su partido, a la sociedad española y a esta Cámara, una reunió para explorar y acreditar la voluntad de ETA de abandonar definitivamente la violencia", continuó Rajoy.

El úmero "dos" del Gobierno explicó que, para esos casos, "no hay ninguna norma que diga quien puede ir y quien no puede ir a esas reuniones, y por eso se designó a personas que se consideraran aptas".

Dicho esto, Rajoy insistió en que el PP desea mantener el consenso en materia antiterrorista y por ello "además de pedirle responsabilidad le pido lealtad". Recordó a Caldera que "su partido y su secretario general han firmado un pacto, y para ver si puede ganar un voto, no le merece la pena hacer esa pregnta y crear mal ambiente".

Insistió en que la posición del Gobierno en este tema "ha sido ejemplar y transparente" e hizo un relato de todos los pasos que dió el Gobierno en sus contactos con la banda terrorista, de los que tuvo puntualmente informado al entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, "que no sé si le informó a usted o no".

TELEFONICA

En una segunda pregunta del PSOE, la diputada María José López González, espetó al vicepresidente que la preocupación de su partido es concer los contratos que Arriola pudiera haber suscrito con empresas públicas o privatizadas.

Rajoy insistió una vez más en que "el Gobierno no tiene conocimiento de la existencia de contratos entre el señor Arriola y empresa pública alguna".

La diputada socialista recordó al vicepresidente la sentecia del Tribunal Constitucional que es favorable a sus pretensiones de conseguir información y afirmó que, además de asesorar a Telefónica, Arriola asesora "a otras empresas que fueron públicas".

"Used", la advirtió, "tiene obligación de garantizar que un empresario que no representa a nadie, no se puede aprovechar de una situación de privilegio, que es la de asesorar al presidente".