RAJOY ACUERDA CON SUS COMUNIDADES PRESENTAR MEDIDAS CONJUNTAS CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA
- Asegura que la solución a la crisis "pasa por austeridad en el gasto público, bajada de impuestos y reformas estructurales"
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El líder del PP, Mariano Rajoy, acordó hoy con los presidentes de autonomías gobernadas por su partido elaborar un "documento conjunto" de medidas económicas a desarrollar por las comunidades y que incluirá soluciones contra la crisis.
Rajoy se reunió en la sede del PP con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; Madrid, Esperanza Aguirre; Murcia, Ramón Luis Valcárcel; La Rioja, Pedro Sanz; el consejero de Interior y Justicia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal; y los vicesecretarios generales de Política Autonómica y Local, Javier Arenas; Organización, Ana Mato; y Comunicación, Esteban González Pons.
Todos ellos acordaron coincidieron en que la solución a la crisis económica "pasa por la austeridad en el gasto público, una bajada de impuestos para las familias y las pymes y reformas estructurales".
En este sentido, anunciaron a través de un comunicado la presentación de un "documento conjunto de medidas económicas" para desarrollar en las distintas comunidades autónomas y que será aprobado en la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.
A su juicio, Rodríguez Zapatero "ha sido y sigue siendo incapaz de abordar la crisis ni de adoptar soluciones eficaces para evitar el aumento del paro y el deterioro de la situación económica".
Los presidentes autonómicos reclaman la convocatoria urgente del debate en el Senado sobre el Estado de las Autonomías, que a su juicio se debería centrar en dos temas fundamentales: la situación de las familias y las pymes y la financiación autonómica.
Esta convocatoria es "especialmente necesaria", en su opinión, porque el Gobierno no puede seguir aplazando temas como la financiación autonómica y local, que incluyen el Sistema Nacional de Salud, la aplicación real de la Ley de Dependencia, la mejora del sistema educativo o la garantía de la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos básicos con independencia del lugar donde residan.
Asimismo, los presidentes autonómicos han manifestado su preocupación por los recortes de la financiación autonómica que afectan a materias como educación o sanidad.
El PP quiere reiterar, una vez más, su buena disposición de cara a la negociación planteada por el gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica.
En este sentido, los presidentes autonómicos ratificaron en la reunión con Rajoy el decálogo de San Millán de la Cogolla, firmado en julio de 2008 y en el que se recogían los principios que debían inspirar la reforma: generalidad, suficiencia, autonomía, solidaridad y coordinación.
El PP apuesta por un sistema de vigencia indefinida, plenamente respetuoso con la Constitución y que no implique ninguna subida de impuestos como solución total o parcial al modelo de financiación.
En la reunión también se analizó el futuro de la Ley de Dependencia. El PP, que ve con preocupación la situación que está generando la aplicación de la ley, apuesta por adoptar nuevas medidas que consoliden la normativa con el objetivo de fortalecer nuestro sistema de protección social y mejorar la calidad de vida de los mayores y las personas discapacitadas, así como de sus familias. Además, aseguró que la financiación estatal de la dependencia debe tener "carácter prioritario en el nuevo modelo de financiación autonómica".
Con respecto a la sanidad, los presidentes autonómicos denunciaron que el Gobierno haya denegado los anticipos de financiación que suponen unos 3.000 millones de euros y aseguraron que esta negativa "pone en evidencia las afirmaciones de Zapatero sobre que la crisis económica nunca afectaría al gasto social".
Finalmente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reclamaron a Zapatero que garantice el pago de las compensaciones por el recorte financiero que supone la práctica desaparición del Impuesto de Patrimonio.
Este impuesto supone para las comunidades unos 2.000 millones de euros que muchas autonomías han presupuestado como ingresos en 2009 y advirtieron de que, si el Gobierno no realiza esta compensación, el gasto social "podría verse afectado".
(SERVIMEDIA)
01 Dic 2008
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