Según manifestó Ribó a la salida de los juzgados, su preocupación se centra en la posibilidad de que desaparezcan cerca de 5.000 millones de pesetas de dinero público tras la suspensión de pagos del grupo, y que ni el Gobierno central ni la Generalitat exijan responsabilidades po este hecho.

El líder de IC dijo que la ratificación de la denuncia de esta formación como parte perjudicada se basaba "en virtud de que un ciudadano cualquiera tiene derecho a exigir lo que no está exigiendo ni el Gobierno central ni el de Cataluña". Rafael Ribó añadió que "se trata de averiguar si ha habido o no una serie de delitos acerca de una cantidad de dinero público".

Asimismo, el actual vicepresidente del grupo KIO, Mamoud Al Nuri, una de las personas citadas en la denuncia de Iniciativ, ya ha comparecido ante el juez después de que éste abriera las diligencias.