De Lorenzo agregó que hay que modificar en los aspectos laborales esta legislación, como la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) y el Estatuto de los Trabajadores, para mejorar el empleo de este colectivo.

Además, a juicio del director de Planes y Programas Especiales de la ONCE, es necesario potenciar los recursos financieros del sector público y unirlos a los escasos procedentes de la empresa privada.

A Rafael de Lorenzo le parecen bien las transferencias de recursos a a empresa privada y que se incentiven fiscalmente las fusiones bancarias. "Todo eso es importante y legítimo, pero creo que socialmente es más justificado que se incremente la ayuda hacia los minusválidos", agregó el alto cargo de la Organización Nacional de Ciegos.

"No hay grandes aportaciones del sector público y el empresariado privado no se esfuerza demasiado en estos temas", agregó. "Si el Estado y el sector público consumiesen una pequeña parte de los bienes y servicios que las empresas con trabjadores minusválidos producen, se podría consolidar lo que se está haciendo y sería un gran incentivo para crear más empleo para minusválidos".