Una ponencia aprobada en dicho Congreso señala que "todos sus miembros se comprometen a proteger y defender los derechos humanos, de conformidad con la Constitución Española y las resoluciones del Consejo de Europa y las Naciones Unidas, y especialmente a actuar contra todas las ideologías, políticas y prácticas que promuevan el odio racial, o cualquier otro acto o expresión de violencia contra los gruposde diferente origen racial, étnico, nacional, religioso o social".

La ponencia, a la que tuvo acceso Servimedia, exige al Gobierno que "modifique o legisle con el objeto de prevenir, corregir y sancionar cualquier actuación discriminatoria, exclusiva o intolerante, especialmente las normas jurídicas reguladoras de la situación de los inmigrantes".

Tras pedir la participación activa de la sociedad en la lucha contra la intolerancia y que se impulse desde la escuela el "aprendizaje multicultural, bsado en la igualdad, solidaridad y tolerancia", el SUP defiende la integración de los inmigrantes mediante "leyes que promuevan el acceso a un trabajo digno y en igualdad de derechos".

Asimismo, los militantes del SUP, que cuenta con más de 22.000 afiliados, piden el establecimiento de una política global concertada que establezca unas cuotas y requisitos de entrada comunes en todas las fronteras de la Unión Europea.

Por último, afirman que apoyarán a los movimientos sociales que defiendan un reprto más justo de la riqueza, como las ONGs que piden el 0,7% del PIB para el desarrollo del Tercer Mundo.