Según la comisión del Parlamento autonómico encargada de estudiar el problema del narcotráfico en la región, el 35 por ciento de los ayuntamientos consultados no contesta a esta cuestión. Los parlamentarios sólo cuentan con datos de 155 poblaciones.

Los datos incluidos en el informe sobre las repercusiones socioeconómicas y sanitarias del contrabando de estuefacientes señalan que el índice de consumo habitual es alarmante en un 30 por ciento de los núcleos urbanos.

Por otra parte, sólo 32 de cada cien municipios consideran que la problemática del narcotráfico les es ajena, mientras que sólo 10 dicen estar libres de problemas derivados del consumo de drogas.

Finalmente, los ayuntamientos tienen claro que la solución a las drogodependencias no está en la legalización del consumo, ya que sólo 7 de cada cien se muestran partidarios de esta posibilidad, ientras que el 91,6 por ciento se declaran contrarios.