Los vecinos consideran que la construcción del cierre norte de la M-40 y del distribuidor oeste afectará negativamente a unas 5.000 personas y causarán daños irreparables en áreas naturales, como el Monte del Pardo y los bosques Isla de Pozuelo.

Otros factores perjudiciales mencionados por la asociación son la emisión de ruidos del orden de 85 decibelios, "lo que imposibilita dormir en verano con las ventanas abiertas", y la emisión de un exceso de monóxio de carbono y de otras partículas, "que irán a parar a nuestros pulmones y eliminarán la vegetación".

El comunicado señala que la Administración, "lejos de cumplir el artículo 45 de la Constitución", relativo al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, "es su principal transgresor, jugando en la impunidad más absoluta el papel de juez y parte, sin atenerse en nada a la legislación vigente".

Los vecinos califican de "cinismo político" el hecho de realizar carteles electorales con ciudads idílicas, o derribar scalectrix, "mientras son construidos otros más grandes, que atentan contra nuestra salud y nuestro entorno".

Asimismo, niegan la eficacia del denominado "Plan Felipe" para resolver los problemas del tráfico en Madrid, "y que el fin último del proyecto sea eso y no el reparto de cuantiosas prebendas financieras, que incluye el doble del presupuesto de la 'obra material' en 'información pública', a lo que se destinan 32.000 millones de pesetas, mientras se causan 7.625 millones e daños directos a los afectados", indica la nota.

La Asociación de Vecinos de Pozuelo afectados por la M-40 y sus ramales denuncia también que los estudios de impacto exigidos legalmente han sido falseados para poder llevar a cabo las obras.

Finalmente, anuncian su intención de defender lo que consideran sus derechos en el Tribunal Constitucional y en el de Luxemburgo, "haciendo campaña en contra de quines promueven este tipo de desatinos".