Esta es la conclusión a la que ha llegado la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, después de realizar un estudio en seis países de la Unión Europea, entre los que se incluye España.

Aunque cada país miembro tiene hoy en día una política deintegración laboral de los discapacitados, cada una sigue líneas diferentes. Sin embargo, se pueden reunir en dos grupos: los que obligan a las empresas a mantener unas cuotas y los que tienen políticas antidiscriminatorias más generales.

Entre los países del primer grupo se encuentra España, acompañado de Francia y Alemania. Por su parte, Irlanda, el Reino Unido y los Países Bajos siguen una política antidiscriminatoria con pocas normas prácticas.

Los problemas identificados en el estudio, segúnsu director, el español Jaume Costa, son que los incentivos económicos, en la práctica, no se adaptan necesariamente a las necesidades de los empresarios o a las de los empleados.

Además, ninguna de las políticas analizadas tenía un efecto real en el comportamiento de los empresarios pequeños o medianos. Las leyes existentes sobre seguridad social y seguros eran percibidas por los empresarios como un impedimento para contratar a personas con discapacidades.

En raras ocasiones, los procesos de selcción de personal respetaban la igualdad de oportunidades y otros valores reconocidos en la teoría pero difíciles de controlar en la práctica. A estos problemas habría que añadir el hecho de que la discriminación ejercida por el resto de empleados hacía difícil el progreso laboral del discapacitado.

Por eso, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo hace una llamamiento a las instituciones europeas, pidiendo su compromiso en tres líneas de acción concretas: la informaión y educación de los empresarios con respecto a los discapacitados, una mejora de las ventajas de contratación y una mediación estatal.