Las dos mociones fueron rechazadas en el pleno, con los únicos votos en contra de los diputados de Convergència i Unió (CiU).

Pujol declaró sobre Macià Alavedra que "es un pilar fundamental de la política del Gobierno de la Generalitat, tanto en el componente económico como en el d apoyo a la industria".

El presidente autonómico insistió en que el consejero no se verá afectado por la próxima remodalación gubernamental anunciada esta semana.

El portavoz parlamentario de IC, Joan Saura, pidió la reprobación del titular de Economía "por las responsabilidades políticas propias que tiene como responsable del departamento y por su actuación, tanto activa como pasiva, en el caso BFP".

En opinión de Saura, la política de avales del Consejo Ejecutivo ha vulnerado, en muchos caos, las condiciones legales y significó "la pérdida de más de 2.000 millones de pesetas de las finanzas públicas, además de beneficiar, de forma irregular, a empresas relacionadas directa o indirectamente con miembros de la dirección de CDC".

IC consideró responsable directo de la política de avales a Alavedra, ya que "la consejería no actuó de forma contundente, y en algunos momentos se dejó entrever que no había relación entre las actividades privadas y públicas del ex director general del Institutocatalán de Finanzas (Jordi Planasdemunt)".

El portavoz de Iniciativa aseguró asimismo que "después de dos meses de estallar el escándalo, el Gobierno no es capaz de llevar adelante una investigación que ponga sobre la mesa determinados temas que aparecen por otras vías a la luz pública".

Saura añadió que su grupo tenía la percepción que "ni en el pasado ni en el presente, el departamento de Economía quiera ir a fondo en esta investigación".

Los grupos del Partido Popular (PP), Esquerra Repubicana (ERC) y el PSC se abstuvieron en la votación de la moción de IC sobre la reprobación de Alavedra.

El portavoz de CiU en la cámara catalana, Raimon Escudé, expresó en su intervención que ninguna de las dos mociones presentadas por la oposición tenía base y que la finalidad de ambas era la de erosionar al Gobierno de Pujol.

Por su parte, el diputado socialista Martí Carnicer defendió la moción de reprobación contra la política de concesión de avales del Ejecutivo, y le instó a informar trimesralmente a la Cámara catalana sobre la concesión de créditos, de manera detallada.

Carnicer dijo que esa política de la Generalitat había sido disminuidora y guiada por favoritismos, cuestiones que habían provocado una situación de descrédito de las instituciones financieras dependientes del Gobierno catalán.

La moción presentada por los socialistas catalanes recibió el apoyo de los grupos de la oposición (PP, IC y ERC), pero resultó rechazada por el pleno del Parlament con los votos contrarios d CiU.

La Cámara catalana aprobó también en la sesión de hoy una moción para que el Gobierno de Pujol pueda plantear nuevos sistemas de financiación sin excluir el sistema económico vigente en el País Vasco en el caso de que el Gobierno central no ceda el 15 por ciento del IRPF a Cataluña.