Esta asociación, que resume sus consideraciones en el último número de "Campaña", sostiene que "no parece lógico ni razonable que el Gobierno prohba la publicidad de unos productos en ciertos medios de difusión, cuando esos mismos productos se comercializan legalmente en régimen de monopolio, e incluso su producción recibe subvenciones oficiales".

Legalemente, continúa AMPE, el real decreto remite a la legislación comunitaria para justificar esta limitación en la publicidad del tabaco, aunque no hay ningún disposición comunitaria que prohíba la publicidad de estos productos fuera del medio televisivo.

Otro de los apoyos legales de la Adminstración para apoyar su iniciativa es la Ley General de Publicidad que, a juicio de los publicitarios, permite la regulación de la publicidad de ciertos productos, pero no justifica la prohibición de sus anuncios en ciertos medios.

Asimismo, critican la fórmula del real decreto empleada por el Gobierno. "De aprobarse el proyecto", añaden, "sería nulo de pleno derecho, por carecer de la jerarquía legal adecuada", puesto que la publicidad, entendida como una actividad informativa, está encuadrada en losderechos y libertades públicas, y la legislación al respecto debe hacerse mediante ley orgánica.

También cuestionan el futuro real decreto porque AMPE no ha sido consultada, como establece la ley, para elaborar el borrador, y porque las limitaciones publicitarias que fija no son proporcionadas a los fines que persigue, perjudicando "en exceso" al principio de libertad de empresa.