El portavoz dela Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, manifestó a Servimedia que "nos alegramos de que, por fin, una administración reconozca que los consumidores llevamos razón en un hecho que hemos denunciado desde que prácticamente entró en vigor la ley, que es el incumplimiento reiterado de la legislación por parte de las televisiones en materia de publicidad".

Para la UCE, la Ley de Televisión sin Fronteras es hoy "'papel mojado', es decir, las televisiones campan por sus respetos en materia ublicitaria".

García acusó a la Administración española de ser la responsable de esta situación. "No ha hecho nada para impedir este reiterado incumplimiento. Hay que destacar la pasividad que ha ejercido el Gobierno en esta materia, una pasividad que ha perjudicado directamente los intereses de los consumidores", apuntó la UCE.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) afirmó que "en el sistema de los derechos del usuario de televisión falla too".

Por un lado, apuntó, "falla la norma, que está permitiendo esta cantidad de publicidad, vulnerando el espíritu de la directiva y el propio preámbulo de la ley".

"Pero también fallan los sistemas de inspección y control", declaró a Servimedia la portavoz de la confederación, Yolanda Quintana. A su juicio, "falta un Consejo Audiovisual que periódicamente vigile y que se sancione y se impidan prácticas contra la ley, como que el propio presentador de un programa, que no puede protagonizar anuncis, promueva un anuncio dentro del espacio televisivo".

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destacó que parte de la publicidad ilegal "se enmascara, es decir, que no solamente es la publicidad directa mediante los anuncios, sino que ahora dentro de cualquier serie te aparece la publicidad", según señaló a Servimedia Ileana Izvernoceanu, portavoz de la asociación.

"Nos parecería bien que si hay ese incumplimiento se imponga una sanción, si las televisiones privadas, sobretodo, no bajan a la cuota de un 20 por ciento, que es el máximo permitido", concluyó la OCU.