Gómez, que firmó hoy el aval de 8.733 millones de pesetas del ICO (Instituto de Crédito Oficial) necesario para las segregaciones, calificó de "actitud comprensible" la posición de las constructoras, que han presentado recursos y paralizado por vía judicial la firma de nuevas segregaciones con obra empezada.

A su juicio, las constructoras tratan de esta forma de frenar el retraso en el cobro de su deuda y reducir la parte de quita que les corresponda. Gómez dijo que en lo contactos que tienen con las empresas implicadas existe la posibilidad de buscar una fórmula para que puedan recibir lo que se les adeuda antes del convenio de acreedores.

El administrador único de PSV aseguró que la cooperativa de viviendas mantiene una deuda con las constructoras es de 6.100 millones de pesetas, mientras que la gestora IGS adeuda otros 1.025 millones.

Gómez matizó que la providencia dictada por el juez José Antonio Enrech, que entiende de la suspensión de pagos de PSV, supone ue éste no se pronunciará sobre segregaciones hasta que se solucione el problema de los pagos pendientes a las constructoras, pero que continuará el proceso de negociación y separación en el grueso de promociones, que no tienen obra iniciada.

Anunció que están pendientes de la firma de la intervención judicial otras 1.048 viviendas más (de 11 promociones), que no se verían afectadas por la paralización dictada por el juez Enrech al no tener obra comenzada, y se mostró convencido de que tras la firma ls viviendas podrán comenzar a construirse en dos meses.

Además, tiene previsto que a finales de este año o principios del siguiente se logrará el acuerdo de acreedores por vía judicial y aseguró que ya han comenzado las obras en dos promociones de las segregadas antes del verano (Orcasitas y Getafe).

En cuanto a la firma oficial del aval de 8.733 millones concedidos por el Gobierno el pasado 20 de mayo, Gómez indicó que servirán para poner al día a las promociones a las que les queda licencias o uelo por pagar para conseguir los créditos necesarios que permitan el reinicio de las obras.

Gómez, que estuvo acompañado por el presidente del ICO, Miguel Muñiz, y otros directivos del Instituto, cree que no habrá problemas para devolver los importes avalados porque la derrama (9.500 millones) es superior al aval solicitado. El plazo para dicho aval es de un año y el tipo de interés de hasta un punto por encima del 'míbor' (interbancario de Madrid).