Según reveló hoy a Servimedia Félix Gómez Pintado, abogado de los 1.800 querellantes de Rivas-Vaciamadrid contra el ex gerente de PSV, Carlos Sotos, letrados que representan en total a unos 3.000afectados de Madrid y otras ciudades españolas, como Sevilla, Barcelona o Zaragoza, están totalmente de acuerdo con Moreiras y mantienen todas las acusaciones.

Asimismo, consideran que no es verdad que la exigencia de los 65.000 millones impida la segregación de aquellas promociones que así lo deseen.

En cuanto las 4.000 firmas de cooperativistas por las que renuncian a pedir responsabilidades civiles a cambio de la segregación de sus viviendas de PSV, Gómez Pintado declaró que "vamos a ver hastaqué punto es deseable y admitido en derecho una renuncia a unos derechos a ejercitar las acciones civiles y penales con carácter previo al nacimiento de ese derecho, que es lo que pretende IGS".

Con independencia de esta última cuestión, "ninguna de esas firmas coincide con los que estamos en la Audiencia Nacional" (con los querellantes), añadió el abogado.

Tanto los que han presentado querella contra PSV como los que se han dado de baja en la cooperativa quieren su dinero, según Gómez Pintado, anque no se opondrán "nunca" a la construcción de las viviendas que otros socios deseen, "siempre y cuando nosotros no seamos los mártires de la película", matiza.

Para el caso de que PSV se declare incapaz de hacer frente a la fianza, "si el Gobierno está tan dispuesto a que la PSV sea un éxito, pues que avale el Gobierno esa fianza con carácter subsidiario y que deje libre de cargas los activos de IGS", argumentó el letrado.

"Con lo cual", agregó, "por un lado, los cooperativistas ven posibilidaes de construir su vivienda y, por otro lado, los cooperativistas que quieren su dinero ven cómo el Gobierno se lo tiene garantizado. Esa sería la solución".