Los 26 cooperativistas denunciantes, que han aportado más de 29 millones de pesetas, habían solicitado su dinero alegando el incumplimiento de los plazos señalados por PSV y que la cooperativa aún no había escriturado el suelo necesario para la construcción.

Sin embargo, el juez explica, en los arumentos jurídicos de la sentencia, a la que ha tenido acceso Servimedia, que en ningún contrato de los presentados PSV asume un compromiso de plazo para la finalización de las obras. Añade que las parcelas fueron efectivamente escrituradas por la cooperativa.

También señala que el contrato entre PSV y los cooperativistas especifica claramente que para que éstos se den de baja tendrán que presentar a otro cooperativista que los sustituya, lo que no ha sucedido ahora. Argumenta además que PSV tiene un pazo de cinco años para devolver las cantidades.

El juez absuelve a UGT ya que a su juicio fue ajeno a la relación entre los cooperativistas y PSV porque "en ninguno de los contratos (...) consta la intervención del sindicatos UGT, sin que se pueda considerar suficiente que la firma de los contratos se llevara a cabo en el domicilio de UGT".

Por su parte, el magistrado considera además que la función de IGS es únicamente como gestora; y absuelve a Unial, como aseguradora, porque no se firmó un plao determinado en el contrato.