La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato asegura que UGT ha cumplido las condiciones públicas que le vienen impuestas, por lo que "corresponde ahora coparticipar en la responsabilidad de salida de la situación a la Administración del Estado y de las comunidades autónomas más afectadas".

UGT admite que las responsabilidades e gestión pasadas y actuales corresponden a los administradores de PSV-IGS, y recuerda que el sindicato ha aportado 9.200 millones de pesetas con la garantía de su patrimonio.

Asimismo, insiste en que ha solicitado las cuentas auditadas de la cooperativa y su gestora, si bien manifiesta que dichas cuentas deben ser contrastadas con la intervención judicial de la suspensión de pagos, antes de presentarse a los socios de PSV, "lo que implica una mayor garantía para todos".

"La presencia de la Adminstración Judicial en las dos sociedades y la acción de la Fiscalía General garantiza en todo caso la suficiente depuración de responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, razón por la cual no parece necesario insistir en este punto", añade.

El sindicato califica de situación "escandalosa" los retrasos y trabas que se están poniendo en algunas ocasiones para acceder a los créditos hipotecarios.

También expresa su "indignación" por lo que considera actos vandálicos frente a su sede en Mdrid, ocurridos durante la manifestación de cooperativistas de ayer. UGT asegura que defenderán "el nombre y las instalaciones de nuestro sindicato ante este tipo de agresiones indignantes con la misma firmeza que hemos asumido nuestras responsabilidades".