Cándido Méndez, secretario general en fnciones del sindicato, aseguró hoy que UGT se muestra confiada en que Moreiras atenderá su recurso de queja, y que quedará finalmente claro que no hay responsabilidades penales por la actuación en la cooperativa de viviendas.

No obstante, en el hipotético caso de que no fuera así, el sindicato pedirá el amparo del Tribunal Constitucional para que éste defienda su derecho constitucional al ejercicio de la libertad sindical y paralice el embargo mientras no haya una sentencia en firme.

"Por preservr una expectativa de derecho (la de los reclamantes en el proceso penal) se perjudica a los afiliados de UGT y por extensión al conjunto de los trabajadores", aseguró Méndez.

El líder sindical dijo que, con este embargo, chocan dos derechos constitucionales, el de la tutela judicial efectiva y el ejercicio de la libertad sindical, pero recordó que el primero tendría un carácter preventivo hasta que haya una sentencia.

El juez Miguel Moreiras impuso a los inculpados por el 'caso PSV' una fianza de42.000 millones de pesetas, que afecta a UGT como responsable civil subsidiaria. Al no hacer efectiva esta cantidad, Moreiras ha instado al embargo de la central sindical.