No obstante, según dijo a Servimedia el abogado de varias parcelas del Plan 18.000 de PSV, Francisco éndez Goas, la presentación del recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no paraliza la realización del embargo.

El plazo para que los cuatro inculpados de PSV (Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Francisco Hernández García) hicieran efectiva la fianza concluyó hoy, por lo que sólo resta que la Secretaría del Juzgado y el oficial correspondiente procedan a ejecutarlo, aseguró Méndez Goas.

El abogado indicó que, una vez embargados sus bienes se procederá contra UGT, co la única salvedad de las cuotas de los afiliados. Méndez Goas recordó que el sindicato recibe de la Administración unas subvenciones anuales de 4.900 millones de pesetas, que sí son embargables, y que cuenta con numerosas sedes.

El que muchas de estas estén hipotecadas tampoco es óbice para impedir el embargo, según Méndez Goas, quien indicó que 21 sedes están libres de cargas. También apuntó que UGT puede reclamar su patrimonio histórico para hacer frente a este proceso.

Por otra parte, los sericios jurídicos de PSV-IGS presentaron también hoy un recurso de aclaración ante el juez por su auto, ya que en él sólo se refería a PSV como protegida por el estado de suspensión de pagos y obviaba que IGS está en la misma situación.

Según informaron a Servimedia fuentes de PSV-IGS, en la cooperativa creen que el juez 'olvidó' hacer una referencia expresa a la gestora y de ahí el recurso presentado.