La juez que instruye este caso, la titular del Jugado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha emitido un auto en el que decreta la apertura del juicio oral y ratifica que UGT es, entre otros, responsable subsidiaria de los más de 18.500 millones de pesetas de fianza que deben depositar los siete acusados.

Méndez insistió en que en este auto no se inculpa a la UGT, y dejó claro que "seguimos creyendo en la inocencia de los imputados". Además, recordó que UGT, "sin que nadie se lo pidiera", asumió hace años la resonsabilidad principal para solucionar el problema de la cooperativa de viviendas PSV, empeñando todos sus bienes materiales.

El líder de UGT recordó que a finales de 1993 y principios de 1994 el sindicato comprometió todo su patrimonio actual y también el patrimonio histórico expropiado por el franquismo a UGT, que viene siendo reclamado reiteradamente por UGT y asciende a unos 40.000 millones de pesetas.

"En este momento, las viviendas están construidas y entregadas, por lo que el problema socia está solucionado. Eso nos da serenidad y tranquilidad a la hora de abordar la apertura del juicio oral", concluyó el dirigente ugetista.