Tras sus declaraciones ante el juez, que se prolongaron poco más de media hora en cada caso, los ex membros de la Comisión Ejecutiva de UGT afirmaron a los periodistas que consideran que en la gestión de la cooperativa de viviendas no hubo ningún tipo de delito.

Ayala, que fue la primera en comparecer ante el magistrado, afirmó que "no nos consta que hubiera en ningún momento ánimo de lucro ni malversación" en la gestión de PSV y señaló que la Comisión Ejecutiva de la central tenía "una información genérica" sobre la marcha de la cooperativa hasta 1993, en que "nos involucramos directamente en los asectos más directamente relacionados con los problemas de la gestión".

Explicó que esto se debe a que la comisión no era "un consejo de administración para estar todo el día con las cuentas, sino que si las cosas iban bien no había porqué preocuparse".

Tras ella prestó declaración ante Moreiras José Manzanares, quien coincidió con Ayala en que "hemos reconocido que ha habido un error de gestión, pero ya ha quedado claro que no hay ninguna malversación por parte de nadie, ningún enriquecimiento; po tanto, creemos que no hay ningún tipo de delito".

Al igual que su antigua compañera en la Ejecutiva de UGT, destacó que ésta no tuvo conocimiento de la situación de la cooperativa hasta 1993, dado que era un órgano político, y expresó su deseo de que este asunto se aclare "para dejar claro ante toda la sociedad, y especialmente ante los trabajadores, que UGT sigue apostando como primer objetivo por la construcción de las viviendas y que sigue apostando todavía por el cooperativismo".

Por su part, Ordóñez insistió también en que no ha habido ningún delito en la gestión de PSV y señaló que la Ejecutiva del sindicato tuvo "un conocimiento absolutamente detallado" de la crisis de la cooperativa "desde el mismo momento en que han surgido los problemas, es decir, desde inicios de 1993". Agregó que el único interés del sindicato actualmente es construir las viviendas.

El abogado de los sindicalistas, Leopoldo Torres, señaló, por su parte, que el magistrado no ha notificado todavía ni verbal ni formlmente ninguna resolución a las partes respecto a la fianza de 65.000 millones de pesetas.

Mañana está previsto que presten declaración ante Moreiras, también como imputados, Alberto Pérez, secretario de Organización de UGT, y José María Zufiaur, secretario confederal del sindicato.