Sotos negó ante Moreiras que hubiese alguna irregularidad en esta cuestión y señaló que se produjeron dos pagos, uno de 35 millones y otro de cerca de 150 millones a la empresa Fundesco, que a su vez realizó el pago a Inforrural, de acuerdo con un contrato firmado previamente por las partes.

Explicó que esa inversión era fruto de las actividades de colocar lo escedentes de tutoría de IGS y que no representó ninguna irregularidad.

Finalmente, comprobó que no se llegó a realizar el desarrollo de la instalación de los video-terminales, entre otras cosas, según Sotos, porque se estaba a la espera de la aportación de unos fondos de la Comunidad Económica Europea y porque el desarrollo del proyecto no se correspondía con el "tempo" de la inversión.

En definitiva, Sotos negó cualquier irregularidad y cualquier desvío de fondos en esta operación que, a pesarde que el proyecto no llegó a realizarse finalmente.