El proyecto consistía en la adquisición, instalación y distribución de una serie de videoterminales para usos informativos que se financiaron con una subvención del FEDER superior a los 700 millones de pesetas, a la que se sumó una aportación de PSV superior a los 180 millones de pesetas.

Reyna calificó esta operción como una "operación mercantil", que, sin embargo, finalmente no se llevó a cabo por considerar que no se trataba de una "inversión prioritaria", según ha manifestado el abogado de alguno de los cooperativistas, Francisco Méndez Goas.

Sin embargo, el letrado precisó que durante la declaración de Reyna no se le ha preguntado el destino de los videoterminales ni el lugar dónde se pueden encontrar en estos momentos.