Ruiz Jimenez no considera que Miguel Moreiras tomará esta decisión con "precipitación" ni que sea cierto "que el juez actúa bajo la presión social".

A juicio del conocido abogado, la documentación aportada justifica una medida de esteestilo ya que existen "datos que certifican que hubo una administración desastrosa y, probablemente fraudulenta, aunque ésto lo deberá determinar el juez".

Ruiz Jimenez ha calificado la declaración de Sebastian Reyna, secretario de finanzas de UGT, y consejero delegado de IGS entre agosto y septiembre del año pasado ante el juez Moreiras, como "mucho más constructiva y de cooperación" ya que "su declaración sirvió para clarificar las relaciones entre UGT, la cooperativa PSV y la gestora IGS; y señaló ue pueden encontrarse soluciones para la construcción de las viviendas".

En este sentido, este abogado ha sugerido que "posiblemente la solución estaría en que el gobierno aportase los fondos necesarios para levantar la suspensión de pagos y comenzar a construir".

Esta aportación podría hacerse mediante un crédito del ICO que luego podría recuperarse con las aportaciones adicionales de los cooperativistas y el producto de la venta de viviendas y locales comerciales construidos en regimen de vivieda libre.