Reyna explicó a Servimedia que este auto paraliza el proceso de segregación de promociones, que contempla un sobrecoste del 7 por ciento sobre el precio final de las viviendas, precisamente para hacer frente a las reclamaciones de los socios dados de baja.

Además, en el caso de producirse el embargo de los bienes de PSV-IGS y UGT, el propio proceso podría demorar varios años más el cobro de sus aportaciones. Reyna indicó que, a medida que se fueran construyendo las viviendas aparecerían nuevo cooperativistas, que con sus aportaciones podrían cubrir lo que se adeuda a los dados de baja.

Reyna se mostró confiado en que el juez Moreiras atenderá el recurso presentado por el sindicato contra la fianza e indicó que UGT está más preocupada por los cooperativistas que por sus propios bienes. "Los bienes de PSV embargados no sirven para nada y mucho menos para construir las viviendas", dijo.

Además, pidió al juez que tenga en cuenta la opinión de la mayoría de los cooperativistas y no solamete la de los dados de baja. En su opinión, si no se levanta el auto, el acuerdo con las constructoras para que el Gobierno les adelante la deuda quedaría en suspenso, pues no tendría sentido si no se van a construir las casas.

Sebastián Reyna se refirió también a la actuación del juez José Antonio Enrech, que entiende de la suspensión de pagos de PSV, y aseguró que su actuación ha sido "positiva" en un tema "muy complicado".