Según informó hoy a Servimedia Francisco Méndez Goas, abogado de varias promociones del Plan 18.000, los 14 letrados de los querellantes han establecido contactos después de que Moreiras les diera ayer un plazo de 10 días para fijar concretamente las cantidades que reclaman por los perjuicios ocasionados a sus clientes.

Los letrados han coincidido en solicitar 10 millones por cada uno de los querellantes (3.500 cooperativistas), más de la mitad de lo aportado por cada uno de ellos como media, loque suma 35.000 millones. A esta cantidad, el juez de la Audiencia Nacional tendrá que sumarle un tercio más tal y como especifica la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El monto total podría ser aún mayor si alguno de los otros 1.400 socios denunciantes individuales personados se unen y presentan mediante un procurador su reclamación de perjuicios, aunque esto no parece muy probable.

Méndez Goas indicó que los 10 millones por cabeza es "poco" a juicio de sus clientes, porque estos denuncian que además el dinero entregado a cuenta están haciendo frente a cuantiosos gastos de alquiler de vivienda por el retraso en la construcción de sus pisos.

El abogado insistió, en cambio, en la escasa validez de las firmas aportadas por IGS-PSV, ya que en su mayor parte los contratos de segregación entregados a Moreiras sólo están firmados por los representantes de cada promoción en nombre de los cooperativistas y no están ratificados formalmente por ellos.

INVALIDEZ DE FIRMAS

Por eso, a su juicio el auto d Moreiras del viernes supone dar más tiempo a IGS-PSV para conseguir ratificar las firmas de 6.000 cooperativistas. Para Méndez Goas tampoco es válido que esta renuncia no sea expresa y se dé en un contrato firmado con terceros. No obstante, aseguró con ironía que "nos parece muy bien que renuncie mucha gente, porque cuanta menos porciones haya para repartir, mejor".

Francisco Méndez Goas se mostró convencido que finalmente habrá un embargo y que afectará a UGT, ya que "la Ley hay que cumplirla". Asegró que no puede haber cotos privados cuando se ha cometido un delito y que la única responsabilidad para una organización es la civil: "En el mundo occidental es la primera vez que una organización sindical organiza una apropiación indebida y se le acusa de falsedad", añadió.

El letrado informó que sin embargo todavía queda mucho tiempo para que el embargo se haga efectivo con una subasta de bienes, pues esta no será posible hasta que haya una sentencia penal firme contra los inculpados. Antes de eso,UGT y los acusados recurrirán ante el Tribunal Supremo.