Segúnaseguró a Servimedia Juan Ramón Montero, letrado de los cooperativistas dados de baja, estas firmas están recogidas en contratos de segregación firmados por unos 6.000 cooperativistas y la propia PSV, por lo que sólo tienen validez entre las partes.

"Estos contratos privados no tienen valor frente a terceros y además ni se sabe si realmente responden en su contenido a esta renuncia, ni tampoco las personas que los firman", dijo Montero.

El abogado apoyó la actuación del juez Moreiras, pues indicóque el Código Penal obliga a la fijación de responsabilidad civil, salvo en el caso que los afectados renuncien a ella, pero añadió que el procedimiento de renuncia debe hacerse vía judicial y no extrajudicialmente (es decir, con una renuncia expresa para el proceso instruido por Moreiras).

Además, recordó que estos acuerdos de segregación no han sido ratificados por el juez José Antonio Enrech, que entiende de la suspensión de pagos de PSV, dada la paralización del proceso, por lo que legalmente no tenen validez.

Juan Ramón Montero indicó además que los cooperativistas incluidos en estas firmas podrían querer acudir a los tribunales si finalmente no se construyen las viviendas para reclamar su dinero, con lo que podrían argumentar haber sido objeto de un "vicio de voluntad".

Si Moreiras admite estas firmas, se verá obligado a rebajar el importe de la fianza proporcionalmente al número total de cooperativistas, según Montero. Pero si estos socios firmantes luego piden su dinero por la vía judcial, perjudicarían al resto porque la fianza sería menor.

Por otra parte, la Asociación de Cooperativistas de PSV en Valdebernardo (Ascova), segunda organización por número de socios de esta promoción, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Felipe González, en el que le solicita que la Administración ponga en marcha la sociedad pública que debe gestionar y promocionar las viviendas en Valdebernardo.