En un desayuno de trabajo con Servimedia, Alvarez Cascos aclaró que ya es una "obligación" esa intervención, según recuerda el juez citando la Ley de Cooperativas, y dijo que el Ejecutivo está también obligado a "depurar responsabilidades" de los anteriores gestores de PSV e IGS.

Además, añadió, el PP "exigirá la clarificación de las responsabilidades y, omo consecuencia de ello, la formación de la correspondiente comisión de control que nos permita, desde la transparencia, hacer un seguimiento preciso de lo que ha ocurrido, está ocurriendo, y de las medidas que se tomen (de saneamiento)".

Es evidente, reiteró, que si el Gobierno cumple con su "obligación" de intervenir PSV -"una cooperativa privada ligada a UGT y al PSOE"- tendrá que poner en el otro `platillo de la balanza' las "responsabilidades oportunas".

"En el ámbito privado, el derecho a rruinarse forma parte de las reglas del juego de la economía de mercado. Es perfectamente legal arruinarse. Por tanto, si nadie ha transgredido las leyes y lo único que ha hecho es arruinar a unos particulares, es evidente que son los particulares los que tienen que pedir responsabilidades y administrativas a los gestores", comentó.

A estas alturas, afirmó, el Gobierno no puede estar "de brazos cruzados" contemplando "estoicamente" qué ha pasado con la gestión de PSV, "cuya situación se conocía desde ace mucho tiempo e iba camino del escándalo desde hace mucho tiempo. El Gobierno nbo puede ser el ùltimo en enterarse".

Preguntado por la posible intencionalidad política del Ejecutivo socialista en demorar soluciones, para presionar a UGT, el secretario general respondió: "uno de los problemas institucionales que tiene pendientes de resolver España es la independencia de las organizaciones sindicales respecto a las políticas".

"GRAVE INCOMPATIBILIDAD"

El PP, recordó, siempre se ha resistido a a tentación de prolongar su influencia política através de un sindicato. "Hay quien nos lo reprocha, pero lo cierto es que nosostros nos hemos resistido", matizó.

"Es malo que exista una vinculación políticosindical entre UGT y PSOE, porque, ahora, los miembros del Gobierno, que en su mayoría tienen doble afiliación, son jueces y parte. Están ante una grave situación de incompatibilidad cuando tenga que intervenir el Gobierno (PSV)", explicó.

Recordó al respecto que cuando era concejal en Asturia, y se debatía en el Pleno municipal un asunto particular de cualquier concejal, el afectado tenía que abandonar el salón de plenos.

"Cuando esto llegue a la mesa del Consejo de Ministros, si se aplica esta norma higiénica de los asuntos de interés directo, y se plantean las responsabilidades directas de UGT (en la gestión de PSV), supongo que los `cocarnetarios' del señor Redondo tendrán que dejar la sala del Consejo de Ministros porque hay intereses particulares en juego", comentó.

"Esto quieredecir", prosiguió, "que estamos en una situación de anormalidad que habría que superar. Esto, evidentemente, politiza el asunto. Este asunto está politizado desde su génesis, como consecuencia de esa doble militancia, y creo que serán ineludibles las interpretaciones políticas en la decisión final".

La culpa de todo, explicó, está en el planteamiento "anacrónico" del sindicato como `correa de transmisión' del partido o el partido "como prolongación de poder de una fuerza sindical".