Sin embargo, la plataforma denuncia que la actuación del Gobierno en este asunto supone un "inaceptable agravio comparativo respecto a los cooperativistas". "¿Por qué se ayudó a las grandes empresas y no se ha decidido comprar de una vez la deuda monetaria global existente con todos los cooperativistas, que han desempeñado un papel empresarial prioritario mediante la financiación original del proyecto?", señala el comunicado.

Los querellantes estiman que una "discreta" y "aceptable" forma de intervención gubernamental permitiría "el imprescindible saneamiento económico y superar los graves inconvenientes creados con la mera intervención del pasado mes e febrero, en la que no se hizo más que suprimir los inalienables derechos democráticos y asamblearios de los socios".

Según esté método por ellos propuesto, posteriormente se procedería a las indemnizaciones de quienes solicitaran la baja justificada de la cooperativa, "cuyo derecho no parece sensato negar o bloquear por más tiempo".

A su vez, "quienes desearan seguir con su vivienda mantendrían sus aportaciones en tanto llegaran las de nuevos socios u otras financiaciones complementarias dedicaas al relanzamiento del proyecto y su reactivación comercial en el mercado".

"El compás de espera abierto por Moreiras parece tan oportuno y sensato como el propio auto, siempre y cuando la posible supresión final del embargo se adopte en base al conocimiento de los derechos hoy denegados y no por las presiones que sobre este magistrado se seguirán ejerciendo", concluye el comunicado.