En su auto, en el que impone a Barrabés la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, el magistrado relata los hechos origen de este sumario y eñala que, tras crear en 1988 la PSV, Barrabés, como presidente de su consejo rector, hizo un contrato privado con Carlos Sotos, presidente ejecutivo de IGS.

Según el contrato, esa entidad gestionaría todo lo referente a la promoción de las viviendas, manejando también todas las cantidades entregadas anticipadamente por los cooperativistas y que debían ser utilizadas únicamente para pagar los gastos derivados de la construcción de las casas e ingresadas en cuentas abiertas a nombre de las promociones e viviendas.

Moreiras explica que Barrabés era también el presidente del Consejo de Administración de la aseguradora Unial, de la que el 80 por ciento de su capital fue vendida a IGS por 1.100 millones de pesetas. Meses después, la inspección de seguros descubrió en la compañía de seguros un deficit próximo a los 3.000 millones.

Indica que las cantidades que entregaban anticipadamente los cooperativistas fueron avaladas, según dijeron los directivos de PSV e IGS a los cooperativistas, mediante uncontrato de seguro y caución concertado con Unial, pero Moreiras añade que "no consta que IGS o PSV hayan pagado las correspondientes primas de seguros a Unial", compañía que, según la inspección, tenía un volumen de riesgo muy superior al que podía asumir.

CAOTICA

Añade que las diferentes promociones de viviendas llevaban cada una una contabilidad independiente pero ésta era "caótica e incompleta, pues no constan los soportes documentales que justifiquen o acrediten los gastos de gestión de IGS dic haber realizado en cada una de ellas".

Así, cita como ejemplos de las irregularidades de PSV el hecho de que los cooperativistas de la promoción de Valdebernardo (Madrid) entregasen anticipadamente en total unos 14.000 millones de pesetas y sin embargo no se haya adquirido ni pagado en su totalidad el suelo o que los de la parcela P-52 del Plan 18.000 obtuviesen gratuitamente el suelo cedido por el Ayuntamiento de Madrid y, sin embargo, IGS dijese que se había gastado 113.443.962 pesetas antes de empzar la construcción.

También destaca que no se pagasen al Ayuntamiento de Madrid los 141 millones de pesetas que costaba el suelo de la parcela P-89 del mismo plan, por lo que el consistorio anuló la adjudicación de la parcela, a pesar de que IGS había recibido de estos cooperativistas 143 millones, al tiempo que recuerda que IGS dice haberse gastado 1.700 millones de pesetas en el proyecto de la esfera armilar, de la que sólo se colocó la primera piedra.

Moreiras afirma en su auto que el grupo d empresas de IGS obtuvo entre 1988 y 1992 unos 8.000 millones de pesetas de beneficios y recibió de PSV como pago de sus servicios unos 20.000 millones, sin que conste "soporte documental que acredite esos gastos que aparecen únicamente contabilizados" bajo el rótulo "gastos legítimos de gestión".

Indica que a finales de 1992 se estableció que era necesario aportar 40.000 millones de pesetas para poder finalizar las promociones de viviendas, dinero que, según declararon Sotos y Barrabés, pensaban obteerlo de créditos de entidades financieras públicas, pero éstas no los concedieron debido, según ellos, a un "bloqueo de créditos", motivo por el que no se concluyeron los proyectos.

El magistrado concluye en su auto que Barrabés, dada su condición de presidente del consejo rector de PSV, vicepresidente del consejo de administración de IGS y presidente del consejo de administración de Unial tuvo participación destacada en la gestión de los fondos de los cooperativistas y en el aseguramiento de esas canidades, por lo que le considera coautor de los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, a pesar de lo cual decreta su libertad bajo fianza de 10 millones.

MALESTAR

Esta decisión de Moreiras no ha sido bien acogida en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitó la prisión incondicional de Barrabés, aunque fuentes de ese organismo señalaron que no recurrirán el auto, dado que no es posible técnicamente.

Por otra parte, el magistrado decidió también hoy anular el auto or el que admitió a trámite una querella presentada por el abogado Francisco Méndez Goas, entre otros, contra el diputado regional Javier Ledesma, con lo que decreta que no ha lugar a la nulidad de las actuaciones seguidas en esta causa, que podía haber sido provocada por el hecho de que Ledesma es aforado.