Moreiras explicó que esta decisión se debe a que esta mañana acudió a su juzgado Jesús Sánchez Lambás, coordinador jurídico de PSV, quien le dijo que los responsables de la cooperativa habían olvidado aportarle un documento en el que 4.000 cooperativistas renuncian a ejercer acciones civiles contra los ex gestores de la cooperativa.

Sánchez Lambás señaló al juez que la renuncia se dee a "las negociaciones intensas" que mantienen IGS y PSV con el Gobierno a través de Vicente Zabala, negociaciones que concluyeron con el acuerdo del Ejecutivo de aportar más de 25.000 millones de pesetas, en partidas de 10.000, 7.500 y 8.500 millones, para la construcción de las viviendas.

Ante este compromiso del Gobierno, esos 4.000 cooperativistas acordaron renunciar a la acción civil contra PSV, por lo que si en las próximas horas el abogado de IGS aporta el documento que acredite dicha renuncia oreiras dejará en suspenso el embargo.

El magistrado agregó que además podría prolongar ese embargo durante un mes, a la espera de que también le aporten otro documento por el que otros 4.000 cooperativistas renunciarán a las acciones civiles, según dijo al juez el asesor jurídico de PSV e IGS. De ese modo, de los 8.800 cooperativistas que emprendieron acciones civiles quedarían únicamente 800 litigantes.

El magistrado agregó que de llevarse a efecto estas previsiones reduciría la fianza notablemnte tras la presentación por las acusaciones de los recursos contra su auto.

A juicio de Moreiras, de este modo "el auto, que para algunos iba en contra de la construcción de las viviendas, resulta felizmente el efecto contrario, que se construyan las viviendas". "Que no digan que un auto impide la construcción después de que llevan 6 años y medio sin construirlas por falta de dinero", agregó.

CALCULO DE LA FIANZA

Moreiras explicó que la fijación en 65.000 millones de la fianza por responsabiliad civil se debe a la suma de los 48.000 millones aportados por los cooperativistas con un tercio de esa cantidad, tal como establece la ley.

Indicó que a pesar de que las partes le pidieron en enero la fijación de la fianza, ha dictado ahora el auto porque entonces no había datos suficientes para establecer su cuantía.

Añadió que, sin embargo, recientemente una promoción de Badalona (Barcelona) reclamó a IGS la devolución de 160 millones de pesetas ante el retraso en el inicio de las obras de la viviendas, petición que ha sirvido al juez para establecer ahora el cálculo de las fianzas por todas las promocioens.

Finalmente, señaló que se ha "desenfocado" este asunto, dando excesivo protagonismo a los jueces, cuando en su opinión el protagonismo es de las partes. Agregó que el juez en este caso tiene una actitud pasiva.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado presentará mañana un recurso de reforma contra el auto de Moreiras en el que le solicitará que aclare si éste va a influir e el proceso de suspensión de pagos de IGS y PSV que está tramitando un juzgado madrileño.

Según explicaron fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que prepara el recurso en coordinación con la Fiscalía General del Estado, es su escrito también se solicitará al juez que deje claro si la fijación de la fianza va a suponer la paralización de la construcción de las viviendas que se encuentran en marcha y si con ese dinero se pretende hacer frente a la edificación de las otras casas todavía no iniiadas.

Las mismas fuentes señalaron que la fijación de la fianza en 65.000 millones de pesetas no es excesiva, por lo que en principio no van a solicitar al juez que la rebaje.