La declaración de Sotos y Reyna estaba prevista para hoy, aunque e juez Moreiras decidió aplazarla la pasada semana para el próximo 13 de octubre, dado que el defensor del ex gerente de PSV, Miguel Bajo, no podía estar presente, ya que tenía que asistir esta mañana a otra diligencia.

El supuesto desvío de esos fondos se produjo durante los ejercicios 1991-1992 a la fundación Fundescoop para comprar 25.000 terminales de videotex que iban a ser destinados a Inforural, empresa propiedad de la fundación ugestista en cuyo consejo de administración figura Reyna.

Los ideoterminales iban a ser instalados en las cooperativas agrícolas españolas para que los socios pudieran conectar con las bases de datos de las lonjas internacionales, aunque muchos de los ordenadores nunca llegaron a sus destinatarios.

Según recoge el informe de gestión de la reunión del patronato de Fundescoop correspondiente al periodo de mayo de 1992 a abril de 1993, la compra de los terminales de ordenador fue financiada con subvenciones en capital concedidos por la Dirección General de Telecomuicaciones y por IGS de 748.239.000 y 719.000.000 pesetas, respectivamente.

Esta será la primera vez que Sotos declare ante el juez Moreiras después de que el pasado 28 de julio fuese puesto en libertad bajo fianza de 30 millones de pesetas, tras permanecer 13 meses en la cárcel de Carabanchel por orden del magistrado por su implicación en el escándalo PSV.

La libertad de Sotos fue consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, que admitió el amparo solicitado por el ex gerente de PSV ontra su prisión provisional y consideró que no había razones para pensar que Sotos se daría a la fuga si era excarcelado.