Según dijo a Servimedia el presidente de la esta asociación, Adolfo Alvarado, Ernst and Young no registró la "falta de liquidez manifiesta de la cooperativa" en esos años y aceptó la existencia de una gestión diferenciada para cada promoción "cuando existen indicios suficientes para pensar que hubo 'caja única' entre PSV e IGS".

Estos mismos argumentos son utilizados por Alvarado en una carta al Instituto de ontabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAL) del Ministerio de Economía en la que reclama su actuación contra la sociedad de auditores.

El escrito detalla que la falta de liquidez se desprendía de las cuentas de PSV pero no fue reflejado en los informes de Ernst and Young. "El fondo de maniobra negativo del ejercicio 1990 era de 652 millones, en el ejercicio 1991 de 3.141 millones. En el ejercicio 1992 de nada menos que de 4.607 millones", afirma.

En cuanto a la existencia de 'caja única', Alvarado estacó que la auditoria ni siquiera reseñó la existencia de ésta entre las diferentes promociones de PSV, como el propio presidente del INFES, Juan José Barrera, ha reconocido, "y mucho menos entre PSV e IGS".

La demanda judicial, que prepara ya un prestigioso bufete de abogados, se presentará conjuntamente con una querella contra Carlos Sotos y el antiguo Consejo Rector de PSV y contra el Consejo de Administración de IGS.