Sin embargo, "los socios cooperativistas de la promoción mantendrán plena libertad para ejercitar acciones penales contra terceros anteriores gestores de PSV o IGS, pero tendrán por renunciadas cualesquiera acciones legalmente renunciables contra los aquí intervenientes y letrados asesores", afirma dicha propuesta.

No es la primera vez que IGS-PSV obliga a los socios a la renuncia a acciones civiles, ya que esta cláusula se ha recogido en casi todos los contratos de segrgación, aunque anteriormente no se matizaba que esta renuncia no se hace extensiva a las querellas ya presentadas contra los antiguos directivos de la cooperativa.

El administrador único de PSV, Valeriano Gómez, explicó en su día que esta renuncia es consecuencia de los acuerdos de segregación, por el que las promociones separadas pasan a ser sociedades totalmente independientes de PSV.

El presidente de Segisa, Agustín Martín Fernández, y el propio Valeriano Gómez, han transmitido esta propuesta e renuncia junto a sendas cartas a los cooperativistas de Valdebernardo.

70%

En las misivas, explican que para que la sociedad pública lleve a cabo la construcción de las viviendas, el 70 por ciento de los socios deben ratificar un convenio previamente firmado entre IGS-PSV y Segisa, por el cual la cooperativa transfiere los suelos y activos existentes.

En dicho convenio, se detalla la cláusula de renuncia mencionada. El presidente de la Asociación de Futuros Vecinos de Valdebernardo (AFUVEVA),Juan Antonio Monge, indicó a Servimedia que no están dispuestos a aceptar ese aspecto, ya que sus abogados -el despacho de Ruiz Giménez- se lo han desaconsejado por ser lesivo para sus intereses si finalmente no se construyen las viviendas.

En el convenio también se especifica que el precio para una vivienda con garaje de 87 metros cuadrados se situará en 13,5 millones, sin IVA, una vez sumado el 7 por ciento de derrama.

La carta aclara que este precio supone pagar el metro cuadrado a 127.000 pestas, por debajo de módulo de VPO (vivienda de protección oficial) de 1995, situado en 133.754 pesetas, si bien con la derrama el precio final superaría a este tipo de pisos.

Monge rechazó este precio porque a su juicio se les está aplicando un módulo similar al actual, cuando llevan varios años esperando sus viviendas, por lo que aseguró que tienen previsto discutir también este aspecto con Segisa.