IGS aseguró que esta decisión no afectará ala construcción de las viviendas, ya que está a punto de concluir el proceso de separación de las promociones dependientes de esta sociedad (para constituir cooperativas saneadas) y porque la gestión futura de estas sociedades está garantizada por la sociedad estatal Segisa.

El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, aunque no entra a considerar las causas que han provocado esta situación, rechaza el balance inicialmente presentado por IGS al no considerarlo "correcto".

En este sentido, el auto, aunque valora como "aceptable en el orden formal" las cuentas presentadas, señala que las operaciones reflejadas son representativas "de una manera de proceder que podrán ser contrarios con el concepto acuñado de 'diligente comercial'".

La jueza confirma el estado de suspensión de pagos y da a IGS un plazo de 15 días para aportar los 14.176 millones necesarios para que la empresa vuelva a funcionar, periodo tras el cual se realizará la convocatoria de una Junta General de Acredores.