PSV confirmó, como informó ayer Servimedia, que existe una cláusula en los contratos de segregación que obliga a los cooperativistas a la renuncia expresa a ejercer acciones legales, tanto civiles como penales, contra PSV e IGS, así como contra sus atuales representantes o administradores.

Esta cláusula había creado incertidumbre entre los cooperativistas, puesto que, dados los términos en que se encuentra redactada, no queda claro si esta renuncia podría afectar a las querellas presentadas contra Carlos Sotos y otros antiguos responsables de PSV.

PSV-IGS aclaró hoy que sólo afecta a los actuales dirigentes de la cooperativa y su gestora, cuya máxima cabeza visible es Valeriano Gómez, nombrado por el Gobierno para lograr la construcción de ls viviendas.

Los nuevos responsables consideran esta cláusula como algo "habitual", ya que opinan que la firma del acuerdo de segregación tiene "carácter liberatorio" de la relación que existía entre PSV y cada uno de los cooperativistas de la promoción, de forma que ya no cabe reclamación alguna contra PSV-IGS.