Esta intervención gubernamental, que afecta también a la asamblea general de socios, terminará cuando el juez dicte el atuo de declaración del estado d suspensión de pagos de PSV.

Una vez concludida esta suspensión temporal, los socios decidirán si aceptan el proyecto diseñado por el juez, que contará con "la plena colaboración" del Gobierno, incluyendo los costes adiccionales que puedan derivarse, que la Comunidad de Madrid ha cuantificado en al menos un 5 por ciento.

Los administradores nombrados por José Antonio Enrech serán los encargados de la clarificación de las cuentas de la cooperativa en general y de cada promoción, así como poner en jecución un plan de viabilidad que permita la construcción de las viviendas.

La intervención del Gobierno excluye la aportación de fondos públicos, según aseguró hoy en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Felipe González, quien también dijo desconocer a cuánto asciende el 'agujero' de la cooperativa de viviendas.