Turiel, que trabaja junto a José Federico de Carvajal, y Miguel Bajo, defensor de Sotos, argumentarán en sus recursos por separado que la fianza es "desproporcionada" y que no se ha realizado una tasación pericial para determinar los perjuicios económicos que ha podido ocasionar la crisis de la cooperativa.

Marino Turiel aseguró que el auto del juez Enrech, que ha paralizado la construcción de las viviendas y criticado la decisión de Moreiras, supone un "apoyo moral" a susargumentos al considerar que se ha realizado con esta fianza un "evidente daño a los cooperativistas".

El letrado indicó que la decisión de Moreiras es "jurídicamente correcta" pero la calificó también de "apresurada y equivocada en cuanto a las cifras".

Por su parte, el abogado de Fermín Bretón, Jesús Jiménez Rico, indicó que no va a presentar un recurso porque a su juicio la fianza es "inocua para mi defendido, que no puede pagar eso ni 65.000 ni 25 millones", por lo que su actuación se va a cetrar en demostrar la inocencia de Bretón, y ello conllevará el levantamiento de la fianza. La misma postura tiene el abogado de Hernández García.

Por otro lado, IGS emitió hoy un comunicado en el que niega que su representante, Jesús Sánchez Lambás, haya comentado con Moreiras ningún tipo de aportación económica del Gobierno para la solución del problema, frente a los 25.000 millones citados por el juez.

También anunció que mañana IGS-PSV presentará a Moreiras los acuerdos de separación firmados or casi 4.000 cooperativistas, en los que éstos renuncian a todo tipo de acciones penales o civiles contra los responsables pasados o presentes de la cooperativa.