Ledesma baraja también la posibilidad de presentar una demanda civil de protección del derecho al honor, "afectado por la publicación en disintos medios de comunicación de una falsa responsabilidad en los hechos que instruye el juez Moreiras sobre PSV e IGS".

Asimismo, anunció que denunciará el caso ante el Colegio de Abogados de Madrid por si hubiera responsabilidad profesional en el letrado asesor de la querella no admitida por el juez, el abogado Francisco Méndez Goas, que actuó en representación de afectados de la PSV del Plan 18.000.

El juez de Delitos Monetarios Miguel Moreiras dictó el pasado 19 de julio una resolución en la qe señala que Ledesma y los demás interventores judiciales se han limitado a "cumplir las funciones que les han sido encomendadas, consistentes en arbitrar e intervenir las entidades PSV e IGS, en situación procesal de suspensión de pagos".

A juicio del magistrado, "se llega a la conclusión de que en este caso no ha existido el engaño, el artificio o maniobra que constituye el elemento central del delito de estafa, por lo que no pueden seguirse actuaciones judiciales contra ellos".

Por otra parte,la Junta Directiva de la Asociación de Futuros Vecinos de Valdebernardo, una de las promociones de PSV en Madrid, difundió hoy un comunicado en el que acata la decisión de Moreiras de poner en libertad al ex tesorero de la PSV Paulino Barrabés, pero recuerda que éste sigue "inculpado en un bueno número de querellas donde aparecen delitos monetarios".

Añaden que "los verdaderos perjudicados de esta situación son los 20.000 cooperativistas afectados por el caso PSV, que entregaron sus ahorros para la costrucción de sus viviendas y hasta el momento sólo han conseguido buenas palabras de las diferentes administraciones pero ninguna solución real".