"Ante campaña de sectores oficialistas, trincones, desconocedores mostramos apoyo incondicional auto fianza 65.000 millones UGT animándole gestión judicial cooperativistas dados de baja cuya solución etá en sus manos", afirma literalmente el telegrama.

Según explicó a Servimedia Mercedes Pérez, portavoz de dicha asociación, los 300 cooperativistas que reúne están "indignados" con la decisión del fiscal general del Estado de recurrir dicha fianza, ya que a su juicio está tratando de proteger a UGT.

En su opinión, el auto del juez defiende sus legítimos intereses, que es la devolución del dinero que piden desde hace más de dos años, y por el que sufren perjuicios como la reclamación por los bancs de las letras firmadas y la inclusión de sus nombres en el Registro de Aceptación de Impagados (RAI).

Precisamente ha sido uno de los recursos del letrado de dicha asociación, Juan Ramón Montero, el que ha llevado a Moreiras a plantear esta fianza. Pérez aseguró que los dados de baja de la cooperativa son más de 6.000, en contraste con las cifras de IGS-PSV de 2.900.