PSV. LA COOPERATIVA VENDIO MAS PISOS QUE LOS QUE PODIA CONSTRUIR, SEGUN RECONOCIO ANTE MOREIRAS EL SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR
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La cooperativa de viviendas PSV vendió un mayor número de casas de una parcela de Madrid que las que podía construir según la licencia concedida por el Ayuntamiento de la capital. Así lo reconoció hoy ante el juez de Delios Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, el ex secretario del Consejo Rector de PSV y consejero delegado de IGS, Francisco Hernández, según informó el abogado de la acusación Francisco Méndez Goas.
Méndez Goas precisó que el consistorio madrileño cedió gratuitamente a PSV una parcela del Plan 18.000, la P-52, situada en el barrio de Aluche, con la autorización de construir un total de 60 viviendas. Sin embargo, el número total de adjudicatarios de esos pisos asciende a 92, de los que 8 se querellaron contra los anteriores gestores de PSV.
Hernández también dijo que disponía de una firma reconocida en la cuenta de Cajamadrid donde tenían que ingresarse las aportaciones de los cooperativistas, aunque señaló que el uso de los talones por su parte era excepcional, haciendo sólo los pagos que le indicaba el anterior responsable de IGS, Carlos Sotos. Sin embargo, no pudo precisar la cuantía de esos pagos.
Explicó que su inclusión en IGS y PSV se debió a su larga amistad con Sotos, a que dijo conocer desde los 5 años, y afirmó que a pesar de su cargo, en aquella época se dedicaba más a su trabajo en la empresa constructura SCN, de la que era responsable, que a IGS.
A juicio de Méndez Goas, lo más destacable de la declaración de Hernández es la vinculación de UGT con IGS y PSV, deduciéndose de ella que el sindicato conocía fielmente las actividades y la situación de la cooperativa.
Muestra de ello es que, según el letrado, Hernández indicó que hasta la reunión del consejo del10 de octubre de 1991 la UGT había percibido de IGS un total de 890 millones de pesetas, suma de las 80.000 pesetas que recibía de los cooperativistas por cada adjudicación de vivienda. De esa cuantía, un total de 730 millones procedieron de las adjudicaciones ya realizadas, mientras que los 160 millones restantes correspondían a futuras adjudicaciones.
Méndez Goas resaltó finalmente que "lo que sí queda claro es que hubo una actividad extraña y en algunos casos hasta fraudulenta, como sustituir la leras de cambio por lo que llaman recibos de cambio", evitando pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, actividad que reconoció Hernández, quien la justificó diciendo que "así ahorraban el timbre".
El ex consejero delegado de IGS continuará prestando declaración mañana, miércoles, ante el juez Moreiras, quien ha citado posteriormente a Rafael Recuenco, ex vocal del Consejo Rector de PSV.
(SERVIMEDIA)
20 Sep 1994
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