Según informaron a Servimedia fuentes cercanas al juez José Antonio Enrech, que entiende de la suspensión de pagos de PSV, y confirmaron fuentes de IGS, las constructoras consideran que sus "derechosno están suficientemente protegidos" con el proceso de separación establecido.

La segregación supone que el pago de la obra realizada y futura se realice por cada promoción a través de un crédito hipotecario, pero el importe cobrado para ello pasará a una cuenta de la suspensión de pagos de PSV, de forma que las constructoras no recibirán dinero alguno hasta que se realice el acuerdo de acreedores, al final de todo el proceso de segregación.

Las constructoras se quejan de que hasta entonces no porán saber que porcentaje de quita se les aplicará y que tendrán que seguir trabajando sin cobrar lo que se les adeuda.

Las principales constructoras españolas son acreedoras con más de 4.500 millones de pesetas, según fuentes del sector. La deuda más elevada corresponde a Comylsa, con 2.000 millones, seguida de Entrecanales, con casi 1.000, Obrascón con 600, y OCP y Auxini con 400 millones. También FCC, Dragados y Cubiertas y MZOV tienen deudas pendientes, aunque su monto no ha transcendido.

El mgistrado José Antonio Enrech, del Juzgado de Instrucción número 83, ha decidido paralizar el proceso judicial de segregación ante los numerosos recursos y escritos de alegaciones denunciando irregularidades presentados por las constructoras, aunque desde IGS se sigue trabajando en buscar acuerdos de separación con las diferentes promociones.

De momento, los 15 acuerdos de segregación logrados por el presidente de IGS, Valeriano Gómez, han quedado paralizados por esta decisión del juez, que está procedendo al traslado de esos recursos a las 35 partes personadas y tomará una decisión sobre ellos en el plazo de unos 15 días.

RETRASO

Por otro lado, mañana martes se firmará la escritura pública de la concesión del aval de 8.733 millones otorgado por el ICO (Instituto de Crédito Oficial), aprobado el pasado 20 de mayo por el Gobierno, por el que se pretende financiar determinados aspectos necesarios para la segregación que no cubran los créditos hipotecarios.

El retraso de tres meses en la firma el aval se debe, según fuentes de IGS, a que se ha realizado un texto que incluye también los 3.500 millones de pesetas avalados por la Comunidad de Madrid, para las promociones radicadas en esta región.

De los 15 acuerdos de segregación alcanzados, solamente cuatro han necesitado de la utilización de este aval, utilizado principalmente para la compra de suelo y tramitación de licencias.