Este ha sido el motivo por el que las constructoras han retirado los recursos contra el proceso de segregación de las promociones de PSV que tenían interpuestos ante el juez José Antonio Enrech, que entiende de la suspensión de pagos de PSV.

Fuentes del Juzgado de Instrucción número 63 confirmaron que esta retirada de los recursos ha sido fundamental para que Enrech pudiera permitir que continúe el poceso de segregación, e indicaron que con el anterior auto (que paralizaba el proceso), el magistrado pretendía proteger a la cooperativa de una declaración de suspensión de pagos definitiva instado por Obrascón.

La carta recibida por las constructoras les garantiza el cobro en tres años de 5.700 millones de pesetas, lo que supone la aceptación de una quita del 20 por ciento, y empezarían a cobrar a partir del mes de junio de 1995.

No obstante, todavía no está claro qué organismo estatal sería elencargado de llevar a cabo esta operación, aunque todo apunta a que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) encabece la concesión de un crédito sindicado para financiar esa deuda. Esta operación podría ser aprobada mañana por el Consejo de Ministros.

El acuerdo les garantiza el cobro de esas cantidades en unas fechas determinadas, que podrían utilizar como aval ante los bancos si necesitan liquidez, y les permite desentenderse del convenio de acreedores en la suspensión de pagos.

Cada constructora ecibirá de Argentaria la parte que le corresponde según su deuda, con un 20 por ciento menos de quita. La deuda más elevada corresponde a Comylsa, con 2.000 millones, seguida de Entrecanales, con casi 1.000 millones; Obrascón, con 600, y OCP y Auxini, con 400. También FCC, Dragados y Cubiertas tienen deudas pendientes, aunque su monto no ha trascendido.