Peña explicó que los 11.000 millones sería la "quita" necesaria para equilibrar el balance de la cooperativa, con lo que a cada uno de los casi 14.000 cooperativistas le correspondería unas 700.000 pesetas de más a pagar.

"Pero esto es ideal, se debería dar la condición que el precio de las casas fuera efectivamente el que en su momento se dijo. No pensemos que el asunto quedará resuelto con eso", añadió Peña.

El secretario de Empleo, que está participando en la comisión tripartita del Gobierno designada para solucionar la crisis de la cooperativa de viviendas, confirmó que la salida para PSV es la segregación por promociones y justificó la intervención gubernamental en virtudde un aspecto meramente técnico.

"Para ratificar el Estado de la suspensión de pagos era necesario la convocatoria de la asamblea general, y en las circunstacias actuales eso no era posible. La intervención permite que el juez ratifique el estado de suspensión y se pueda comenzar a trabajar", aseguró Peña.

La Comisión Interministerial se reunirá la próxima semana con los administradores judiciales para concretar los pasos a seguir. Peña se mostró optimista sobre la construcción de las viviendas: El asunto tiene solución y vamos a estar allí ayudando en todo lo que podamos".

No obstante, otro de los escollos que deben abordar ahora los administradores judiciales y el Gobierno es la diferente situación de las promociones, donde conviven algunas casi terminadas con otras en las que no se ha puesto ni un ladrillo, cuando la suspensión de pagos obliga a soluciones parejas para todos los cooperativistas.

"Hay un principio que rige la suspensión de pagos, la 'par conditio creditorum', que quier decir que todos los acreedores están en igualdad de condiciones y en PSV la situación de ellos es totalmente irregular. Algunos tienen casas tangibles a los que se les podía solucionar la situación ahora, pero el juez puede decir que todos tienen el mismo derecho. Aún así, yo creo que es solucionable", indicó Peña.