Según las resoluciones dadas a conocer hoy, la sala entiende que Moreiras "ha actuado de forma adecuada", utilizando criterios de razonabilidad y profesionalidad, yexcluyendo la arbitrariedad en la fijación de la fianza que el tribunal confirma.

Respecto al recurso de UGT, que alegó que no concurren los presupuestos penales para conceptuar al sindicato como responsable civil subsidiario, la sala rechaza este argumento e indica que UGT es accionista del 47 por ciento de IGS y, según Moreiras, "PSV e IGS eran una misma cosa".

El tribunal, que también aceptó el criterio del magistrado de atender a lo que reclaman los querellados para cuantificar la responsabildad civil, descarta que esa medida "suponga el menor obstáculo al ejercicio de los derechos sindicales", tal como argumentó UGT.

Añade que el cumplimiento de esta medida "puede llevarse a cabo de muy diversas formas y es de esperar de la prudencia del instructor" para elegir aquella que no afecte a la libertad sindical.

En otro auto, que al igual que los otros dos fueron vistos por el tribunal el pasado viernes, la sala resuelve el recurso de Barrabés, que señaló en su escrito la improcedencia dela adopción de la medida contra él por carecer de ninguna facultad económica concreta ni de disponibilidad sobre el patrimonio de PSV.

Además, la defensa de Barrabés estimó en su recurso que la fijación de la cuantía no se ajusta a la realidad al carecer de contraste pericial, por lo que la califica de "apriorística, unilateral y desmesurada".

Sin embargo, la sala precisa que esta medida no es definitiva, sino que son provisionales tanto la determinación de la obligación de responder civilmente cmo la cuantía fijada, que podría ser ampliada o reducida posteriormente.

El tribunal agrega que lo que no sería procedente es que el juez se hubiera abstenido de actuar ante la dificultad de determinar la posible cuantía de la responsabilidad civil, posponiendo para otro momento la adopción de las medidas cautelares, lo que pondría en peligro la efectivad de los pronunciamientos que eventualmente pudieran dictarse en materia de responsabilidad civil.

Respecto al recurso de Sotos, que alegó que laimposibilidad de dar cima al proyecto de PSV obedeció a la negativa de entidades financieras de conceder créditos hipotecarios, el tribunal precisa que "miles de millones entregados por lo cooperativistas se han volatilizado o se han utilizado en proyectos ajenos al encargo dado por los cooperativisas, y ello implica una responsabilidad de un delito de la que es lógica consecuencia la responsabilidad civil".

Así, tras rechazar la petición de Sotos de aplazar la fijación de la cuantía hasta practicar ua prueba pericial, afirma que, aunque el cálculo de la cantidad fijada por Moreiras no es definitivo, "hasta el momento es el único posible y consiste en sumar las cantidades que reclaman los querellantes y denunciantes en el procedimiento y que, según el auto recurrido, asciende a la suma de 31.133 millones de pesetas".

"De ahí que en este momento no haya términos hábiles para modificar la fianza de 42.000 millones de pesetas, que obedece al mandato legal de incrementar la indicada cantidad con una trcera parte mas", concluye el tribunal.

Esta resolución de la Sala de lo Penal es firme y no cabe contra ella ningún recurso, por lo que una vez que el juez Moreiras reciba comunicación oficial del tribunal procederá a hacer efectiva la cuantía fijada.