Carlos Soto, a quien los magistrados aplican "la atenuante muy cualificada de reparación o disminución del daño", es el único de los siete acusados que ha sido condenado por el "caso PSV, aunque ha sido absuelto de los delitos de falsedad, estafa y asociación ilícita.

Sin embargo, Carlos Sotos no ingresará en prisión, ya que cumplió un año y un mes en prisión preventiva, tiempo que se le descuenta de la pena impuesta hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El resto de los acusados, Paulino Barrabés, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Sebastián Reyna, Primitivo Alvaro y Jesús Angel Aina han sido absueltos de todos los delitos que se les imputaan: apropiación indebida, delitos de falsedad, estafa y asociación ilícita.

Por su parte, la UGT deberá hacer frente a la indemnización de 13.009 millones en concepto de indemnización, dado que ha sido declarada responsable civil subsidiaria. Así, deberá abonar un máximo a 9.940 millones a los cooperativistas de PSV y un tope de 3.069 millones a los de IGS.

Este caso saltó a la prensa en 1993, cuando la promotora de vivienda social PSV y su gestora, IGS, suspendieron pagos, debido a la mala gestin del dinero aportado por más de 19.000 cooperativistas para adquirir su hogar.