Las constructoras han aceptado que Argentaria le entregue solamente un 80 por ciento del monto de su deuda, con lo que tras aplicar una quita del 20 por ciento tendría que abonar unos 5.700 millones de pesetas. Argentaria aportará esta cantidad en tres años a partir de 1995, en el mes de junio de esos ejercicios.

De esta forma, Argentaria pasará a ser la acreedora de PSV en el prceso de suspensión de pagos abierto contra la cooperativa. A cambio, las constructoras se han comprometido a levantar mañana los recursos presentados ante el juez José Antonio Enrech, del juzgado de Instrucción número 63 de Madrid, contra el proceso de segregación de promociones.

Con este acuerdo, que todavía no ha sido firmado oficialmente, se da un paso adelante para garantizar la construcción de las viviendas. Hasta ahora, los recursos presentados por las constructoras como acreedores pretendían qu se considerara su deuda como preferente, es decir, exenta de quita.

El acuerdo les garantiza el cobro de esas cantidades en unas fechas determinadas, que podrían utilizar como aval ante los bancos si necesitan liquidez, y les permite desentenderse del convenio de acreedores en la suspensión de pagos.

Cada constructora recibirá de Argentaria la parte que les corresponde según su deuda, con un 20 por ciento menos de quita. La deuda más elevada corresponde a Comylsa, con 2.000 millones, seguida de ntrecanales, con casi 1.000 millones, Obrascón con 600, y OCP y Auxini, con 400 millones. También FCC, Dragados y Cubiertas tienen deudas pendientes, aunque su monto no ha trascendido.

PREOCUPACION

Varios cooperativistas de PSV han expresado hoy a esta agencia su preocupación por la repercusión que la fianza de 65.000 millones de pesetas, impuesta por el juez Moreiras a los antiguos responsables de PSV-IGS, puede tener sobre la construcción de las viviendas.

Las diferentes asociaciones de la coperativa esperan reunirse con sus abogados para que les aclaren si el previsible embargo de los bienes de la propia cooperativa paralizaría el proceso de segregación, como todo parece indicar. En tal caso, se apunta a la posibilidad de pedir que el Estado se convierta en responsable civil subsidiario.

Mientras tanto, los abogados de los cuatro responsables a los que Moreiras ha exigido la fianza mencionada, se van a reunir para presentar un recurso conjunto contra el auto judicial, según anunció hoy Mrino Turiel, defensor de Paulino Barrabés. Los servicios jurídicos de UGT también estudian su recurso.

Juan Antonio Monje, presidente de la Asociación de Futuros Vecinos de Valdebernardo, dijo a Servimedia que es una "buena noticia" que el juez haya determinado la responsabilidad de UGT, pero calificó como "muy preocupante" cómo se pueda desarrollar el proceso de segregación en el futuro con esta medida.

Monje indicó que de llevarse a cabo el embargo, podría haber una paralización definitiva en e proceso de construcción de las viviendas.

Por su parte, Adolfo Alvarado, presidente de la promoción de Madrid Sur, calificó el auto de "desmedido y desafortunado" porque a su juicio el juez no ha tenido en cuenta el efecto que ésto puede tener para los cooperativistas que quieren su vivienda, aunque reconoció que los dados de baja también tienen que ser defendidos.