Según informaron a Servimedia fuentes próximas a dicho organismo, la fórmula consistiría en que aquellas promociones más adelantadas o más grandes consiguieran desbloquear los créditos hipotecarios que tienen concedidos "ontra avance de obra".

Estas promociones se mantendrían dentro de PSV, como explicó esta semana el director general del INFES (Instituto de Fomento de la Economía Social), Juan José Barrera, pero para conseguir los créditos de las entidades financeras sería necesario el respaldo de la propia comisión interministerial, según las fuentes consultadas.

Por su parte, las promociones más pequeñas se desvincularían de PSV y tendrían que buscar nuevas gestoras que se hicieran cargo de la negociación con ancos y cajas de ahorro para conseguir los créditos necesarios para la construcción de las viviendas.

En cualquier caso, todo el proceso pasa, como adelantó ayer Barrera a Servimedia, por el conocimiento exacto de las cuentas de PSV e IGS, para lo que la Administración espera los informes de los interventores judiciales de la suspensión de pagos y la auditoría de Arthur Andersen, encargada por UGT.

Las mismas fuentes indicaron que, con toda probabilidad, el juzgado que lleva a cabo la suspensión e pagos de PSV retrasará el plazo de 45 días necesario para su ratificación por la asamblea general de la cooperativa, debido al dificultoso proceso de investigación que llevan a cabo los interventores judiciales.

10.000 PESETAS

Por otro lado, continúan los preparativos de la querella criminal contra Carlos Sotos y el antiguo Consejo Rector de PSV, que prepara el bufete de Joaquín Ruiz Giménez para la Asociación de Futuros Vecinos de Valdebernardo (AFUVEVA).

Su presidente, Juan Antonio Monge, aeguró a esta agencia que no descarta que la querella pueda ser presentada mañana sábado, "pero como ha habido unos problemas con la documentación no creo que se retrase más allá del martes".

Monge dijo que serán más de 1.000 personas los que se personen en la querella criminal, y cada uno de ellos ha aportado 10.000 pesetas para hacer frente a los gastos del juicio.