Juan Antonio Mnge, presidente de AFUVEVA, aseguró a Servimedia que espera que unos 1.000 cooperativistas se unan a la acción judicial, ya que el viernes eran 800 personas los que ya se habían personado. De esta forma, casi la totalidad de socios de la asociación se unirán a la querella.

La demanda, que prepara el bufete de abogados de Joaquín Ruiz Giménez, se presentará previsiblemente en concepto de "apropiación indebida", y afectará también a Sebastián Reyna, responsable de Finanzas de UGT, y a Paulino Barrabés, demás de a Sotos.

Monge dijo que no descarta la extensión de esta querella a UGT y a la Comunidad de Madrid -que forma parte del consorcio creado en Valdebernardo para la construcción de las viviendas-, aunque espera para ello el desarrollo de las investigaciones judiciales.

En este sentido, valoró positivamente la aceptación por un juzgado de Barcelona de la querella criminal presentada por un grupo de cooperativistas de Badalona, que afecta también al secretario general de la UGT, Nicolás Redono.

El presidente de la promoción de Valdebernardo justificó la querella por el "fraude" que supuestamente han realizado los dirigentes de PSV en la gestión de las cuentas de los cooperativistas. "Queremos saber dónde está nuestro dinero y quién se lo ha llevado", indicó.

A su juicio, la crisis de PSV no puede justificarse tan sólo por mala gestión, ya que "es ilógico un agujero de miles de millones cuando ha recibido aportaciones de 20.000 cooperativistas y en la mayoría de los casos no ha empezao a construir las viviendas" y dijo que habrá que investigarse si ha habido lucro personal.

Monge recordó que la esfera armilar que se iba a construir en Valdebernardo y para lo cual se hizo una presentación pública le costo a PSV 800 millones de pesetas "cuando todo quedó en el proyecto", así como las informaciones en las que familiares de Carlos Sotos eran los encargados de gestionar la publicidad de la cooperativa.