En declaraciones a Servimedia, Burriel puso como ejemplo de ello los polémicos permisos para construir dados por el primer edil de Catral, que gobierna el socialista José Manuel Rodríguez, que, subrayó, "no es un caso de corrupción urbanística sino de mala actuación urbanística".

Esta condición es la que, por el momento, salva al alcalde alicantino de ser cesado en su puesto, de acuerdo con el anuncio hecho ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

Porque, dijo Burriel, "si en este caso hay cualquier sombra de corrupción será inmediatamente apartado de sus responsabilidades pero, incluso así, si el modelo que aplica no es el que defendemos también le vamos a llamar para adoptar decisiones".

"Porque una cosa es corrupción, que es un delito, y otra cosa un modelo urbanístico inadecuado que conduce a un territorio de mala calidad y a problemas urbanísticos, que es lo que se ha hecho en Catral, que tampoco vamos a apoyar", agregó el portavoz socialista de Territorio.

En este punto, aunque reiteró que las actuaciones del alcalde de Catral, cuyas competencias urbanísticas han sido asumidas por la Generalitat, "no son de recibo", es el Gobierno valenciano el que ha creado "este ambiente de que todo vale, de que lo bueno es crecer donde sea y como sea", lo que ha conducido a que "mucha gente con buena fe piense que esa es la única alternativa económica".

Rechazó que la anterior ley urbanística valenciana, aprobada por la entonces Generalitat en manos socialistas, sea responsable de los escándalos que salpican actualmente la región. Bien al contrario, señaló que la derogada norma "perseguía dar facilidades para urbanizar el suelo urbanizable, el suelo que en los planes podía construirse".

"Lo que ocurre es que el PP la ha aplicado para urbanizar el suelo no urbanizable, para reclasificar al margen de los planes generales millones de metros cuadrados que no estaban previstos", indicó.

Para Burriel, "ha habido una posición ideológica del PP que se plasmó en la Ley del Suelo de 1998 de 'todo es urbanizable' y luego una práctica política que en la Comunidad Valenciana se ha traducido en que no ha habido casi planes municipales".

"El 80% de los proyectos urbanísticos que se han presentado y aprobado en los últimos años por el Gobierno del PP en la región", enfatizó, "ha sido sobre suelo no urbanizable que los ayuntamientos proponían reclasificar a propuestas de empresas privadas y que la Generalitat aprobaba sn modificar los planes generales".