Según el informe de fiscalización, el tribunal ha encontrado una "incompleta" y, en algún caso, "nula justificación" de anotaciones seleccionadas, como asegura que ocurre en los pagos a través de tarjetas de crédito, "cuya única justificación es la comunicación de la entidad financiera".

También ha detectado al analizar las cuentas bancarias del PSOE "manifestaciones de un insuficiente control interno en autorizaciones, intervención y recepción de movimientos contabilizados".

El máximo órgano fiscalizador del Estado lamenta en el informe haber tenido que hacer esta investigación con documentación fotocopiada, toda vez que la original se encuentra en manos del Tribunal Supremo por la instrucción del "caso Filesa", relativo a la presunta financiación irregular del PSOE.

Según el tribunal, la información bancaria que le ha suministrado la dirección del PSOE no va acompañada de extractos ni de otra información adicional, lo que le ha impedido hacer un análisis detallado en ete terreno.

De acuerdo con el informe, la contabilidad del PSOE de 1990 refleja además una "insuficiente diferenciación" entre distintas cuentas de una misma área, así como la "demora e incluso en ocasiones la anticipación de la contabilización" de determinadas operaciones antes de que se efectúen.

Así se refleja en el capítulo de "Acreedores", donde, según la propia documentación aportada por los socialistas, se han registrado operaciones llevadas a cabo en el ejercicio anterior e incluso en el iguiente.

FACTURA ANOMALA

Dentro del epígrafe de "Deudores", el Tribunal de Cuentas menciona una baja de 32 millones de pesetas por concepto de "anticipos a proveedores", en la que el PSOE le presenta como justificante "una factura en la que no consta la existencia de ningún anticipo a la empresa correspondiente".

En el apartado de ingresos, el informe indica que el PSOE no ha aportado los contratos de arrendamiento en justificación de los ingresos por alquiler de coches. También dice que ha obervado discrepancias entre las notas internas ofrecidas como justificación de algunos gastos por prestación de diversos servicios y los resguardos de ingreso, "que reflejan mayores cuantías a las contabilizadas".

Según la fiscalización, el endeudamiento contable con entidades de crédito que tenía el PSOE en 1990 alcanzaba un total de 10.823 millones de pesetas. El fondo patrimonial ofrecía un saldo negativo de 6.483 millones.

Por lo que se refiere a la contabilidad de las organizaciones territoriles del PSOE, el tribunal subraya las irregularidades halladas en las cuentas de la Ejecutiva Regional de Navarra, a la que responsabiliza de haber cometido "numerosos errores" que denotan una "importante debilidad en el sistema de control interno y de llevanza de libros".

Este informe, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 28 de marzo, forma parte de la fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos con representación parlamentaria correspondiente a 1990, que tendrá qe ser estudiada por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas en cuanto se inicie la actividad parlamentaria de la nueva legislatura.