En rueda de prensa tras la última reunión de la subcomisión parlamentaria, Mayoral dijo que el PP ha presentado sus propias conclusiones sin previa negociación con el resto de los grupos y afirmó que se niega a elevar el documento final al pleno del Congreso, de manera que, tras su aprobación, se convierta en un documento de obligado cumplimiento para el Goierno.

Por su parte, la portavoz popular, Ana Torme, rechazó estas acusaciones con el argumento de que, al ser el PP el partido mayoritario, asumió la responsabilidad de redactar un borrador de conclusiones finales de la subcomisión que pudieran ser debatidas y aprobadas por todos los grupos en la Comisión de Justicia e Interior convocada para el próximo día 9 de diciembre.

Torme aseguró también que el PP no se opone a que las conclusiones de esta subcomisión se debatan en el pleno del Congreso yse felicitó de que algunas de las propuestas que probablemente contendrá el documento de conclusiones ya hayan sido aprobadas por el Gobierno, lo que demuestra que "la seguridad vial es una prioridad" para el Ejecutivo.

Para el PSOE, sin embargo, este comportamiento del Gobierno, que se adelanta a las medidas debatidas por el Congreso, supone "un grave menosprecio" a la institución parlamentaria y los expertos que han comparecido en la subcomisión, lo que supone una "expresión del comportamiento bonaprtista del PP" basado en "la arrogancia y el autoritarismo".

Mayoral criticó duramente la política de seguridad vial del Gobierno y dudó de que se alcance el objetivo de reducir a la mitad el número de muertos en accidente de tráfico tal y como establece la Carta Europea de Seguridad Vial, suscrita hoy en la subcomisión por todos los grupos.

Además, el portavoz socialista explicó que las 58.000 muertes ocasionadas por los accidentes, tanto en vías urbanas como en carretera, y el millón y medio deheridos registrados en los últimos 10 años en España han costado al Estado más de 160.000 millones de euros, unos 25 billones de pesetas, lo que hace prioritaria la adopción de políticas que eviten dramas humanos y pérdidas económicas.